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La herencia inmobiliaria de Carmena y Colau: qué prometieron y qué han hecho en Madrid y Barcelona

A la izq. Manuela Carmena, a la drcha. Ada Colau / Gtres
A la izq. Manuela Carmena, a la drcha. Ada Colau / Gtres

El próximo 26 de mayo hay elecciones municipales y en la campaña electoral escucharemos muchas promesas. Para saber cuánto podemos fiarnos o no de que las cumplan, aquí tienes qué han hecho, y qué no, Manuela Carmena y Ada Colau en los últimos cuatro años como alcaldesas de Madrid y Barcelona, respectivamente. Las dos han intentado fomentar la vivienda social, aunque el resultado dista de lo que tenían previsto.

Qué ha hecho y qué no Ahora Madrid

Ahora Madrid, liderado por Manuel Carmena, ha centrado su programa en materia de vivienda en intentar paralizar los desahucios de primera vivienda, en garantizar una alternativa habitacional a sus habitantes, en recuperar la vivienda pública vendida a fondos de inversión y en ampliar el parque público de vivienda en alquiler. Veamos qué ha cumplido y qué no. 

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Imponer tasas que penalicen la acumulación de vivienda de grandes empresas

No ha cumplido esta promesa. Carmena echa balones fuera y remite al Ministerio de Hacienda para que le permita marcar un recargo de hasta el 50% en la cuota líquida del IBI en viviendas permanentemente vacías.

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Paralizar la venta a fondos de viviendas públicas y procurar su reversión

No ha cumplido esta promesa. Pero Carmena tampoco ha permitido la venta de vivienda pública a empresas privadas. Sigue en su afán por recuperar las 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) vendidas a fondos de inversión durante el mandato de Ana Botella. Quieren volver a ser los gestores de esos pisos, pero de moento la ley no sentencia a su favor.

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Ampliar el parque público de vivienda

No ha cumplido con esta promesa. El Ayuntamiento de Madrid ha defendido continuamente la necesidad de contar con más vivienda pública, sobre todo para combatir el alza de los precios del alquiler. Sin embargo, de las 4.000 viviendas que Carmena prometió levantar, y que posteriormente rebajaron a 2.500, sólo han terminado 64 viviendas. Partidos de la oposición aseguran que son viviendas terminadas, pero que aún no están ni entregadas a sus inquilinos.

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Poner en marcha la Agencia Municipal del Alquiler

Sí ha cumplido esta promesa. La EMVS reactivó en 2017 el servicio municipal de alquiler a través del nuevo programa de arrendamiento “Alquila Madrid”, un servicio gratuito de mediación entre propietarios e inquilinos. El objetivo del Ayuntamiento con esta prestación gratuita es garantizar una renta al inquilino contenida y razonable, ya que no podrá superar los 1.200 euros al mes.

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Limitar el precio de alquiler 

No ha cumplido con esta promesa. En su programa electoral de 2015 establecían la limitación del precio del alquiler de aquellos inmuebles rehabilitados con subvenciones y dinero público Sin embargo, cuatro años después el Ayuntamiento no ha hecho nada al respecto.

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Favorecer el alquiler y el alquiler social  a través de bonificaciones en impuestos

No ha cumplido esta promesa. Solo en la última convocatoria para poder acogerse a una vivienda social se registraron 30.000 solicitudes para 288 viviendas disponibles. En estos cuatro años, las bonificaciones en impuestos como el IBI para aquellos propietarios que cedieran sus pisos para alquiler ha sido prácticamente nulo.

La única modificación temporal de los contratos de alquiler ha sido a través del Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez y convalidada el pasado mes de abril en el segundo intento en el Congreso de los Diputados.

El estado de los desarrollos urbanísticos de Madrid

La política de Carmena sobre nuevos desarrollos en Madrid ha sido más coercitiva que proactiva. Nada más ser nombrada regidora, Carmena paralizó en seco la Operación Chamartin y ha jibarizado los desarrollos del Sureste de Madrid, la última bolsa de vivienda asequible que le queda a la capital, reduciendo de 104.000 unidades a la mitad para los próximos 20 años. 

La Operación Chamartín, tras muchos tiras y aflojas con los promotores de Distrito Castellana Norte (DCN) ha acabado rebautizada por Madrid Nuevo Norte, con una reducción del número de viviendas hasta las 10.500 viviendas, de las que un 20% tendrán algún grado de protección oficial.

Todo parece indicar que la Operación Chamartín tampoco se aprobará durante este mandato. El Plan se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Comunidad de Madrid, que tiene que dar el visto bueno a varios documentos para otorgar la pertinente declaración medioambiental. El Ayuntamiento entregó la documentación a la Comunidad a finales de marzo, y según la administración autonómica tarda entre tres y cuatro meses en contestar, ya una vez pasadas la elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo. Algunas fuentes del mercado vaticinan que si Carmena repite como alcaldesa buscará la fórmula para que el proyecto no salga adelante a pesar de sus promesas de facilitarlo.

Otro de los grandes desarrollos que más polémica han traído son los desarrollos de Sureste, con los ámbitos de Berrocales, Ahíjones, Los Cerros y Valdecarros. El Ayuntamiento los ha mantenido paralizados con la excusa de reorganizar los desarrollos tal y como estaban concebidos.

En 2018, presentó un Plan Director para la zona que reducía drásticamente el número de vivienda, pasando de más de 100.000 a apenas 50.000. Sin embargo, el documento fue llevado a los tribunales por las Juntas de Compensación de estos ámbitos y algunos propietarios que lo tumbaron.

Finalmente, el Ayuntamiento de Carmena ha empezado a dar los pasos necesarios para desarrollar el ámbito de Los Berrocales, donde están previstas la construcción de 22.000 viviendas a lo largo de una década. El 50% serán destinadas a VPO.

El gran desarrollo que está más avanzado es la Operación Mahou-Calderón. Después de años paralizado en los tribunales, el Consistorio ha dado el visto bueno a su desarrollo con 132.344 m2 de edificabilidad, donde se potenciarán las zonas verdes y para equipamientos de la ciudad.

Qué ha hecho y qué no Barcelona en Comú

Se presentó como la alcaldesa de por y para el pueblo, con políticas sociales, que iban desde preservar Barcelona para los suyos hasta ampliar el parque público de vivienda asequible. Ada Colau finalizará, o renovará, el próximo 26 de mayo su legislatura, en la que deja algunas promesas cumplidas y otras que se han quedado o a medias o en el tintero.

“Barcelona en Comú entró en el Ayuntamiento de Barcelona con un programa muy definido, que giraba en torno, sobre todo, a la vivienda digna y asequible como un derecho”, explica Josep María Montaner, concejal de vivienda del consistorio.

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Construcción de 4.000 VPO de alquiler asequible

No ha cumplido con su promesa. Ada Colau prometió 4.000 viviendas de alquiler asequible durante su mandato, en una ciudad que ha visto aumentar el precio del alquiler estos últimos años. Si bien desde el Ayuntamiento explican que el Plan por el Derecho a la Vivienda de Barcelona contempla ocho años (lo que significaría dos mandatos), en estos cuatro años se han conseguido sumar al parque público alrededor de 1.000 viviendas entre compras y cesiones de grandes propietarios. Fuentes del negocio inmobiliario aseguran que “se han dado de bruces con la realidad, ya que en levantar una promoción pública se tarda, de media, unos seis años”.

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Ayudas al pago del alquiler

Sí han cumplido con esta promesa. En Barcelona se producen alrededor de 20 desahucios diarios, el 85% de los cuales por impago de alquiler. Entre dos y tres de estos desahucios afectan hogares en situación de alta vulnerabilidad social. Ante esta situación, el partido de Ada Colau consideró indispensable ofrecer ayudas al pago de alquiler. Durante les últimos cuatro años, el consistorio ha abierto líneas de ayuda al pago del alquiler, aumentándolo un 149% las ayudas del anterior mandato. En 2019 se destinarán dos millones de euros a estas ayudas, que son los que llegan a más personas beneficiarias. Dependiendo de la renta, las personas solicitantes podrán recibir hasta el 75% del importe del IBI, hasta un máximo de 300 euros. Se trata de una cifra superior a la ayuda máxima del año pasado, que fue de 200 euros.

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Más colaboración público-privada

No ha cumplido con esta promesa. Si bien el objetivo era aumentar el parque público de VPO, no todo podía correr a cargo del consistorio de Ada Colau. Para ello se decidió poner en marcha una empresa público-privada, Habitatge Metròpolis Barcelona, para construir vivienda de alquiler asequible en Barcelona y el área metropolitana. Es una medida que está en marcha y que verá sus primeros frutos en el próximo gobierno, pero se espera poder construir 3.000 pisos de alquiler, a un precio asequible que rondará los 500 euros. 

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Reserva del 30% a VPO en las promociones

Sí ha cumplido esta promesa. Ésta ha sido la medida más polémica del mandato de Ada Colau, convenciendo a la ciudadanía, pero poniéndose, una vez más, a todo el sector inmobiliario en su contra. En su programa, Colau avisó de que si Barcelona en Comú entraba en el Ayuntamiento trabajaría para reservar, en los nuevos desarrollos urbanísticos y rehabilitaciones, un 30% del techo para vivienda en alquiler social o en régimen cooperativo. A finales de 2018 la alcaldesa cumplió con su promesa tras alcanzar un acuerdo con el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet. Pero aún hay más: Colau vuelve a la carga y avisa de que, de volver a ganar las elecciones, podría aumentarlo hasta el 50% en algunas zonas.

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Multas a los pisos vacíos

Esta promesa sí se ha cumplido. El Gobierno de Ada Colau multó el pasado marzo a dos fondos de inversión (dos family offices) con casi 3 millones de euros por tener 24 pisos vacíos. 

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Moratoria hotelera 

Sí se ha cumplido. Otra de las medidas más controvertidas del mandato fue la prohibición de apertura de nuevos hoteles en gran parte de la ciudad. El objetivo de esta medida, enmarcada en el plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (Peuat), aprobado definitivamente en enero del 2017 después de año y medio de suspensión total de licencias, era descentralizar la oferta para reducir la presión en los barrios con más visitantes. Pero en la práctica ha frenado la actividad. Los hoteleros han recurrido esta decisión a los tribunales, que a partir de junio podrían empezar a fallar las primeras sentencias. Es el caso del hotel Praktik, en el Raval, cuyos promotores reclaman una indemnización de 70 millones.