VPO

La alcaldesa de Barcelona ha defendido este sábado que se obligue a los promotores de vivienda a aumentar del 30% actual al 50% las promociones destinadas a Vivienda de Protección Oficial (VPO), reforzando así la medida estrella de los comunes en el Ayuntamiento de la capital catalana.

La alcaldesa de Barcelona ha exigido este lunes al gobierno catalán retirar el Decreto Ley de medidas para mejorar el acceso a la vivienda aprobado a principios de marzo, porque considera que criminaliza a familias vulnerables, perjudica el modelo, traslada competencias a los ayuntamientos y potencia la segregación.

Barcelona y Nueva York han elegido ya los tres finalistas de BCN-NYC Affordable Housing Challenge, entre los que se encuentran uno que flexibiliza los espacios, otro que aprovecha zonas urbanas y un tercero que potencia zonas comunes.

El pasado 6 de marzo entró en vigor la nueva ley del mercado del alquiler para proteger a los inquilinos y atacar la subida de los precios del alquiler en zonas como Madrid o Barcelona. Sin embargo, la nueva regulación también es aplicable en Euskadi y de hecho los propietarios vascos están entre los principales afectados. Durante los últimos años han alquilado sus viviendas a precios mucho más moderados que en el resto de grandes mercados, sobre todo por la abundancia de vivienda pública de alquiler. Pero con la nueva regulación los propietarios vascos también están obligados a firmar contratos de alquiler que pueden llegar a durar 10 años.

Las principales asociaciones de promotores se han unido para querellarse contra el Ayuntamiento de Barcelona y han interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la Modificación del Plan General Metropolitano promovida por el gobierno Colau, que obliga a los promotores a destinar un 30% del suelo a vivienda pública.

El Ayuntamiento de Barcelona pone el foco la zona de la prisión de la Trinitat Vella, que transformará en más de 56.000 m2 los alrededores en un espacio abierto con 452 viviendas públicas, nuevos equipamientos, zonas de uso vecinal renovadas y más zonas verdes. Durante los próximos dos años se ejecutará la reurbanización de los alrededores del centro penitenciario con una primera promoción de 224 pisos.

El Gobierno de Canarias ha formalizado la compra al Banco Santander de las 358 Viviendas de Protección Oficial del barrio de Añaza, que estaban afectadas por órdenes de desahucio y en negociaciones para ser vendidas a un fondo internacional, por 24,8 millones. A partir de ahora, las viviendas son de titularidad de Visocan, la empresa pública de viviendas del Ejecutivo regional.

El Consejo Metropolitano ya ha dado luz verde a la incorporación de un socio privado para poner 4.500 pisos de alquiler asequible en el mercado. Para ello, el consistorio ha fijado un perfil muy marcado, en el que aspectos como la solvencia o su ‘know how’ en el sector residencial serán clave para ser escogidos para formar con el ayuntamiento una empresa mixta.

El Ayuntamiento de Barcelona ha reservado ocho solares en el área metropolitana de la ciudad para levantar más de 500 VPO destinadas a jóvenes, tercera edad y personas dependientes. Para llevar a cabo esta operación, la ciudad ha impulsado un nuevo instrumento que garantiza el derecho a la vivienda digna, elaborando una modificación del Plan General Metropolitano

El pleno del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona ha dado luz verde a las condiciones para la selección de un socio privado y la ampliación de capital pertinente que dan luz verde a la creación de una empresa público-privada que levantará nueva VPO en todo el territorio de Barcelona.

El Ayuntamiento de Barcelona ha sacado a licitación el contrato de obras de un nuevo edificio de viviendas en el barrio de la Marina del Prat Vemell, en el distrito de Sants-Montjuic. Las obras durarán unos 24 meses y se licitará por unos 17 millones de euros. El equipo de arquitectura formado por Estudio Vivas Arquitectos, Pau Vidal Pont y Arquitectura Producciones ha proyectado un edificio de nueve plantas.

El Ayuntamiento de Barcelona da luz verde a la licitación de tres nuevas promociones de 176 pisos destinados a alquiler social y asequible. Estos nuevos pisos se levantarán en los distritos de Gràcia, Sant Marí y Sants-Montjuïc y el consistorio destinará un presupuesto inicial de 26,5 millones de euros. Se espera que las obras de estos tres edificios puedan empezar en la primavera del próximo año.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, y Janet Sanz, teniente de alcalde de Urbanismo, han presentado finalmente el proyecto que se ejecutará en el antiguo recinto de la cárcel de Barcelona, que se convertirá en 150 viviendas VPO y acogerá siete equipamientos como una escuela, una residencia para gente mayor o un polideportivo.

La Generalitat de Cataluña ha destinado dos millones de euros, recaudador en herencias intestadas (personas que han fallecido sin testamento) a la compra de 35 viviendas para destinarlas a vivienda de protección oficial. La mitad de estas viviendas, que serán de alquiler asequible, se encuentran en la ciudad de Barcelona y el resto en diferentes municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, ha asegurado que sólo aprobará definitivamente la modificación del Plan General Metropolitano (PGM), que impulsa el Ayuntamiento de Barcelona para destinar el 30% del techo de las nuevas promociones residenciales o de grandes rehabilitaciones a vivienda de protección oficial, cuando el texto sea "impecable técnica y jurídicamente".

El Ayuntamiento de Barcelona ha conseguido aprobar provisionalmente la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para reservar un 30% de promociones residenciales de más de 600 m2 de nueva construcción o reforma a Vivienda de Protección Oficial (VPO), tal y como ha explicado el consistorio en un comunicado.

Pedro Sánchez ha anunciado que la Abogacía General del Estado se personará como acusación particular en el proceso penal abierto por la venta de 5.000 viviendas de alquiler social a fondos en el pasado llevadas a cabo por el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y el Ayuntamiento de Madrid.

El Ayuntamiento de Barcelona tiene en marcha actualmente 72 solares públicos para construir un total de 4.644 viviendas asequibles en toda la ciudad, de los cuales el 80 % se prevé que sean de alquiler.

El Ayuntamiento de Barcelona ha firmado un convenio con el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y con el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida para que estas dos entidades colaboren en la captación de pisos para incluirlos en su bolsa de alquiler.

El Gobierno liderado por Susana Díaz ha modificado por decreto el Reglamento de la VPO en la comunidad andaluza que está en vigor desde 2006. El cambio busca blindar las viviendas de titularidad pública ante el capital privado, lo que impedirá que fondos de inversión puedan comprar vivienda protegida como sucedió en Madrid hace cinco años.

Asturias, Baleares, Canarias, Murcia, País Vasco y La Rioja no construyeron ningún piso protegido en los cinco primeros meses del año, según datos del Ministerio de Fomento. En el conjunto del país, las Administraciones Públicas levantaron 634 viviendas públicas, un 70% menos que hace un año.

Ada Colau ha creado mediante un decreto una herramienta que le permitirá expropiar un solar vacío que esté sin construir dos años y que podría entrar en acción en 2020, tal y como  ha explicado este lunes la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz.

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado la construcción de cinco bloques de pisos con 244 viviendas en el barrio del Bon Pastor. Estas promociones corresponden a la cuarta fase de remodelación de lo que se conocía hasta ahora como las ‘casas baratas’.

El Ayuntamiento de Barcelona tiene en marcha la construcción de 4.547 viviendas, un ritmo de producción que, según explican desde el consistorio, “no se había alcanzado nunca antes”. Las promociones en activo son 66.

Después de que el pasado 25 de mayo el juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 de Madrid emitiera un fallo histórico dándole la razón a un inquilino del Ivima (Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid), la Comunidad de Madrid se ha puesto en pie de guerra y trata de impedir la anulación de la venta pisos de VPO a fondos.