VPO

El Ayuntamiento de Barcelona da luz verde a la licitación de tres nuevas promociones de 176 pisos destinados a alquiler social y asequible. Estos nuevos pisos se levantarán en los distritos de Gràcia, Sant Marí y Sants-Montjuïc y el consistorio destinará un presupuesto inicial de 26,5 millones de euros. Se espera que las obras de estos tres edificios puedan empezar en la primavera del próximo año.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, y Janet Sanz, teniente de alcalde de Urbanismo, han presentado finalmente el proyecto que se ejecutará en el antiguo recinto de la cárcel de Barcelona, que se convertirá en 150 viviendas VPO y acogerá siete equipamientos como una escuela, una residencia para gente mayor o un polideportivo.

La Generalitat de Cataluña ha destinado dos millones de euros, recaudador en herencias intestadas (personas que han fallecido sin testamento) a la compra de 35 viviendas para destinarlas a vivienda de protección oficial. La mitad de estas viviendas, que serán de alquiler asequible, se encuentran en la ciudad de Barcelona y el resto en diferentes municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, ha asegurado que sólo aprobará definitivamente la modificación del Plan General Metropolitano (PGM), que impulsa el Ayuntamiento de Barcelona para destinar el 30% del techo de las nuevas promociones residenciales o de grandes rehabilitaciones a vivienda de protección oficial, cuando el texto sea "impecable técnica y jurídicamente".

El Ayuntamiento de Barcelona ha conseguido aprobar provisionalmente la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para reservar un 30% de promociones residenciales de más de 600 m2 de nueva construcción o reforma a Vivienda de Protección Oficial (VPO), tal y como ha explicado el consistorio en un comunicado.

Pedro Sánchez ha anunciado que la Abogacía General del Estado se personará como acusación particular en el proceso penal abierto por la venta de 5.000 viviendas de alquiler social a fondos en el pasado llevadas a cabo por el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y el Ayuntamiento de Madrid.

El Ayuntamiento de Barcelona tiene en marcha actualmente 72 solares públicos para construir un total de 4.644 viviendas asequibles en toda la ciudad, de los cuales el 80 % se prevé que sean de alquiler.

El Ayuntamiento de Barcelona ha firmado un convenio con el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y con el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida para que estas dos entidades colaboren en la captación de pisos para incluirlos en su bolsa de alquiler.

El Gobierno liderado por Susana Díaz ha modificado por decreto el Reglamento de la VPO en la comunidad andaluza que está en vigor desde 2006. El cambio busca blindar las viviendas de titularidad pública ante el capital privado, lo que impedirá que fondos de inversión puedan comprar vivienda protegida como sucedió en Madrid hace cinco años.

Asturias, Baleares, Canarias, Murcia, País Vasco y La Rioja no construyeron ningún piso protegido en los cinco primeros meses del año, según datos del Ministerio de Fomento. En el conjunto del país, las Administraciones Públicas levantaron 634 viviendas públicas, un 70% menos que hace un año.

Ada Colau ha creado mediante un decreto una herramienta que le permitirá expropiar un solar vacío que esté sin construir dos años y que podría entrar en acción en 2020, tal y como  ha explicado este lunes la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz.

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado la construcción de cinco bloques de pisos con 244 viviendas en el barrio del Bon Pastor. Estas promociones corresponden a la cuarta fase de remodelación de lo que se conocía hasta ahora como las ‘casas baratas’.

El Ayuntamiento de Barcelona tiene en marcha la construcción de 4.547 viviendas, un ritmo de producción que, según explican desde el consistorio, “no se había alcanzado nunca antes”. Las promociones en activo son 66.

Después de que el pasado 25 de mayo el juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 de Madrid emitiera un fallo histórico dándole la razón a un inquilino del Ivima (Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid), la Comunidad de Madrid se ha puesto en pie de guerra y trata de impedir la anulación de la venta pisos de VPO a fondos.

La Consejería de Fomento y Vivienda tiene previsto sacar en oferta pública a lo largo de 2018 un total de 964 parcelas de suelos residenciales e industriales con una superficie total que asciende a 1,2 millones de m2 y titularidad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). Estos terrenos están ya preparados y urbanizados para su venta y en ellos se podrán urbanizar 5.637 viviendas.

Una resolución, notificada recientemente por el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid (TEAMM), pone fin al suplicio de una familia de propietarios de suelo de Barajas, que había pagado de más en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO): obliga al Ayuntamiento a indemnizarlos con más de 300.000 euros.

Las CCAA son las encargadas de regular actualmente los requisitos a cumplir para poder comprar una vivienda de protección oficial, a pesar de que existe una normativa estatal. En Madrid y Galicia, por ejemplo, es posible comprar una VPO teniendo ya una propiedad, siempre que se cumplan algunas condiciones. Por ejemplo, que el interesado tenga menos del 50% de una casa que ha recibido en herencia o que el juez no le haya adjudicado la vivienda familiar tras el divorcio.

La Trump Village de Coney Island fue una de las primeras operaciones inmobiliarias de éxito de la familia Trump. El complejo de apartamentos, construido en 1964 por Fred, el padre de Donald Trump, fue uno de los grandes exponentes de un programa de vivienda asequible en Nueva York. Varias décadas después, tras la venta del edificio por los Trump, los vecinos han decidido abandonar los controles establecidos en el programa y dejar que el mercado lleve a que el precio de los pisos se multiplique por diez.

La crisis económica golpeó al mercado inmobiliario con serias caídas en el precio de las viviendas tanto en el mercado libre como en las viviendas protegidas.

Tirón de orejas de los Defensores del Pueblo a los poderes públicos por no impulsar un sistema de vivienda pública justo. Piden que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas impulsen una regulación para garantizar el derecho a una vivienda digna contemplado en la Constitución española. Y proponen un decálogo para que la vivienda pública sea más justa y accesible.

El precio medio del m2 de la vivienda libre se ha situado en 1.476,8 euros en el segundo trimestre de 2015 lo que supone una variación trimestral del 1,3% e interanual del 1,2%.

“No vamos a impedir que ningún propietario recupere su vivienda”. Un simple tuit de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha bastado para tranquilizar a todas las personas que tienen un piso en alquiler.